Entidades sociales afean al Defensor del Pueblo que avale el psiquiátrico penitenciario de Siete Aguas

Actualidade
29 Marzo 2022

Varias ONGD reclaman una reunión a la institución para manifestar su rechazo al modelo, que consideran obsoleto, y recuerdan que el Parlamento valenciano ha aprobado una resolución en contra que insta a la Comunitat Valenciana a asumir las competencias en sanidad penitenciaria.

Varios colectivos sociales que trabajan en el entorno penitenciario solicitarán una reunión con el Defensor del Pueblo para manifestar su rechazo al centro psiquiátrico penitenciario en la localidad valenciana de Siete Aguas. La asociación Àmbit, impulsora del Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, reclama a la institución que encabeza Ángel Gabilondo que recapacite sobre el visto bueno de la entidad al centro que proyecta Interior para 500 personas privadas de libertad con trastornos mentales grave.

La institución que encabeza el exdiputado socialista considera en su informe de actividad de 2021 que la propuesta del Ministerio de Interior, a través de Instituciones Penitenciarias, resulta “positiva”, dada la falta de medios en sanidad penitenciaria, aunque advierte que la Administración debe analizar las carencias del sistema y buscar alternativas al modelo.

El apunte del Defensor del Pueblo choca con la postura de entidades sociales, profesionales y con la del Parlamento autonómico, que abogan por un modelo social descentralizado y por revisar el modelo penitenciario. El pasado 28 de febrero la mayoría progresista de las Corts Valencianes aprobó una propuesta a instancias de Unides Podem-Esquerra Unida contra el centro, con 70.000 metros cuadrados y capacidad para 500 personas, que se proyecta para descongestionar los módulos de Fontcalent (Alicante) y Sevilla, los dos únicos espacios para personas privadas de libertad con trastornos mentales graves. La coalición de izquierdas incorporó en la propuesta las reivindicaciones de colectivos sociales y profesionales que trabajan en el entorno penitenciario, que reclaman más medios en materia de sanidad y salud pública.

El texto aprobado por el Parlamento autonómico reclama a la Generalitat Valenciana que asuma las competencias en Sanidad penitenciaria para mejorar las condiciones de atención de la población reclusa y las condiciones de la plantilla sanitaria. Según el Observatorio, entre el 30 y el 40% de las personas presas tienen problemas relacionados con la salud mental y las drogodependencias y no reciben atención psiquiátrica en los centros. Las entidades que se oponen, como Visibles.org, consideran que el modelo que Interior construye en Siete Aguas es “anacrónico”, “responde a planteamientos desfasados y a la lógica del ladrillo”, y va en la línea opuesta a los consensos en salud mental. La resolución recoge las propuestas de la Plataforma de Salud Mental fuera de prisiones, que reclamó el pasado mayo la paralización del proyecto por razones humanitarias.

La coalición Compromís, que ha planteado otras dos Proposiciones No de Ley para que Sanidad asuma las competencias y reclame los recursos necesarios al Estado, como han hecho Navarra, País Vasco y Catalunya, insiste en la necesidad de revisar el modelo de prisiones en España para que no sean “un agujero negro” de la sociedad. Los informes anuales del Consejo de Europa sitúan al Estado español en el octavo lugar del ranking europeo en presos por población, solo por detrás de Rusia, Turquía, Reino Unido, Polonia, Francia, Alemania e Italia, pese a las bajas tasas de delincuencia. El diputado de Compromís responsable de Sanidad, Carles Esteve, aboga por un aumento de las plantillas sanitarias en prisión, especialmente las especializadas en salud mental. “Volver a los manicomios, al modelo de los ochenta, no tiene sentido”, sentencia el diputado.

Fuentes: Eldiario.es Valencia, L. Martinez