Los temporeros en Lleida, la parte más amarga de la fruta

Actualidade
04 Maio 2021
  • La campaña está a punto de empezar con medidas especiales para evitar que se repita la situación de 2020, cuando los brotes de covid-19 obligaron a confinar varios municipios del Segrià.
  • Entidades y sindicatos reclaman más fiscalización mientras los agricultores piden que no se los criminalice.
  • Organizaciones sociales publican un manifiesto y recogen apoyos para las personas temporeras.

Cada año, la campaña de la fruta hace saltar a los medios la situación de los temporeros en Lleida. Las condiciones laborales y las dificultades para acceder a un alojamiento son los temas candentes, y aunque los agricultores niegan que las personas durmiendo en las calles de Lleida sean temporeros, las entidades sostienen que falta fiscalización para controlar a los que incumplen el convenio y no ofrecen sitio donde dormir. La precarización de las personas migradas, mayoría en el campo, y el racismo institucional complican una realidad social compleja.

La campaña normalmente empieza entre finales de abril y principios de mayo, pero este año lo hará más tarde debido a unas heladas tardías, que provocarán una reducción del 40% en la producción. Normalmente la campaña mueve alrededor de 30.000 trabajadores pero este año hay menos trabajo y con 22.000 podría bastar, de acuerdo a los datos del responsable de temporeros del sindicato mayoritario, Unió de Pagesos.

Una campaña anómala

El año pasado la campaña estuvo en el foco mediático. La aparición de distintos brotes de covid-19 encendió las alarmas, y en julio el Govern decretó confinamientos perimetrales de los municipios más afectados del Segrià mientras los payeses pedían que no se les criminalizara. La secertaria del  sector agroalimentario de la UGT cree que este año se podría repetir la situación y en las centrales se han tomado medidas".

Por su parte, las empresas se han dotado de protocolos y el Departament de Salut ha anunciado medidas para controlar la situación, como cribados y un mayor seguimiento de las condiciones sanitarias. Los payeses señalan que los primeros interesados en evitar contagios son ellos mismos. Aun así, las ONG dudan de que sean medidas efectivas y creen que el problema de fondo es el mismo: no hay mecanismos de acogida para los temporeros.

La vigilancia epidemiológica se complica en los casos en los que los temporeros no viven en alojamientos establecidos.

Algunos duermen en alojamientos particulares de los payeses, mientras otros lo hacen en albergues municipales que contrata el empleador. Pero también hay sinhogarismo, incluyendo infraviviendas y ocupaciones de pisos. Hay una mayoría de agricultores que lo hacen bien, pero el problema es que el coste de la minoría es muy grande.

No dar alojamiento incumple el convenio, según el cual hay que dar un sitio donde dormir a los trabajadores empadronados a más de 75 kilómetros. Sindicatos y ONGs denuncian vulneraciones e insisten en que cada año se incumple el convenio; no hay control y no hay un censo de los alojamientos. Proponen que en los contratos de trabajo sea obligatorio certificar donde residirán los empleados, para facilitar el trabajo a la Inspección de Trabajo.

Los sindicatos de agricultores sostienen que la mayoría hace las cosas bien y lamentan que no se hayan abierto las ayudas de la Generalitat para la construcción de alojamientos que se dieron hasta 2010.

Aunque este año algunos consistorios han abierto nuevas plazas de alojamiento, la mayoría son para que positivos o contactos puedan hacer cuarentena. En Lleida, el 1 de junio se volverá a abrir el pabellón 3 de la Fira de la ciudad para alojar a personas sin hogar. Y hace pocas semanas, el ayuntamiento de Lleida y el Govern firmaron un acuerdo para construir un albergue en la ciudad que podrá acoger a unas 120 personas, pero no estará operativo hasta la próxima campaña.

El caso de las ETT

La contratación a través de ETT la hacen sobre todo explotaciones muy grandes o, en momentos puntuales, los payeses que tienen un pico de trabajo. Mueven un gran volumen de trabajadores, podría ser casi la mitad, es más difícil saber si tienen todos los papeles y hay más sensación de descontrol. Aunque la mayoría de sindicatos y ayuntamientos tienen bolsas de trabajo, cada vez menos los agricultores contratan desde ahí porque las ETT ofrecen un menor coste.

Fuentes: Público.es, E.Pons