La cooperación española frente a la pobreza en el mundo, por Chema Vera

Actualidade
25 Xaneiro 2022
  • El proceso de la nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo debe afianzarla como política de Estado, reflejo del apoyo de la sociedad española
  • "El mundo sería peor sin la cooperación al desarrollo, sobre todo para su población más vulnerable"

Antes de abordar los contenidos de esta propuesta de ley, que quedarán para otro artículo, conviene recordar los motivos que sustentan la cooperación al desarrollo como una responsabilidad de España con el mundo y con las personas que sufren la pobreza, especialmente la infancia, y confiar que el masivo apoyo social a esta política se refleje en un apoyo parlamentario amplio a la nueva legislación que la ampara.

En tiempos de pandemia, la cooperación al desarrollo tiene más sentido que nunca, ya que aúna lo que es correcto hacer, por ética y humanidad, con lo que es inteligente hacer, para enfrentar desafíos comunes y proteger a toda la población del planeta. Las razones que respaldan esta acción pública se pueden resumir en cinco:

  1. Se trata de la única política cuyo objetivo central es la lucha contra la pobreza allá donde los seres humanos la sienten con más crudeza. La pandemia ha arrojado a millones de personas al hambre y la miseria. Unicef calcula que 60 millones más de niñas y niños viven hoy en la pobreza, sumándose a los 575 millones que ya la sufrían antes de la pandemia. Un hecho inaceptable ante el que nos debemos seguir rebelando. La responsabilidad ética alcanza a toda persona de bien, más allá de fronteras y nacionalidades.
  2. La lucha contra el covid-19 ha confirmado que hay desafíos que solo pueden enfrentarse desde un profundo sentido de humanidad, que exige una acción multilateral para compartir información, desarrollar vacunas y actuar. Cuando solo se atiende a los intereses propios, aparece, por ejemplo, el 'nacionalismo de las vacunas', tan injusto como estúpido a la hora de frenar la pandemia.
  3. La salud es uno de los terrenos en los que deben desarrollarse bienes públicos globales, que responden a desafíos cruciales para la humanidad como la emergencia climática y la transición energética, la lucha contra los paraísos y la evasión fiscal, los conflictos y la seguridad internacional, entre otros. Desafíos que exigen medidas concertadas y financiación para abordarlos con la determinación que requieren.
  4. Un país no puede aspirar a tener peso político y económico en la arena internacional, menos aún siendo una potencia media como España, sin una política de cooperación al desarrollo moderna, sólida y bien dotada, que haga creíble la retórica, solo con la cual nadie se gana un sitio en las mesas decisivas. Se trata de aportar a iniciativas comunes asumidas por todos los países. Nuestro país cuenta, además, con ventajas geográficas y culturales, así como con capacidades notables en los miles de personas con experiencia, cooperantes, laicos, religiosas, que se han dejado la piel en medio de conflictos, en las fronteras de la desigualdad, en organizaciones de todo tipo.
  5. La cooperación al desarrollo, por más que haya evolucionado al hilo de la participación de nuevos países y actores, y que tenga inconsistencias, responde a un esquema de valores y principios anclados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En tiempos de autoritarismos, democracias atacadas y libertades civiles en la picota en tantos lugares, resulta crucial una política que defienda a quien defiende la igualdad entre mujeres y hombres, así como los derechos de la infancia, los refugiados, las poblaciones indígenas, el medio ambiente o la prensa independiente

Es indudable que el sistema mundial de cooperación internacional requiere de reformas que mejoren su eficiencia e impacto y afiancen las capacidades y el liderazgo de las comunidades y administraciones de los países del sur. Los programas de cooperación se despliegan en contextos difíciles, donde las instituciones son frágiles y los riesgos se multiplican. Dicho esto, los fondos de la cooperación están sometidos a controles férreos para reducir al máximo el riesgo de mal uso. La corrupción y evasión fiscal en estos países, que la cooperación también combate, es alimentada sobre todo por flujos privados sometidos a un escrutinio más laxo y que atienden a intereses particulares.

 La Ley de Cooperación al Desarrollo propuesta por el Gobierno sustituiría a la vigente de 1998, que ha dado cobertura a esta política pública de solidaridad, aunque ha quedado superada por los años y los cambios en la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria.

La ley de 1998, promovida por el Gobierno del PP, fue aprobada casi por mayoría absoluta con el apoyo del PSOE y de otros grupos que negociaron y votaron finalmente a favor. Este hecho ha dado una notable estabilidad al sistema de la cooperación española, que ha sufrido fuertes vaivenes presupuestarios y un interés político menguante desde 2010, pero que ha contado con un consenso de fondo entre los principales partidos. El proyecto de ley presentado por este Gobierno es una modernización positiva, aunque continuista con la ley de 1998. No recoge propuestas revolucionarias ni en los principios ni en los instrumentos o instituciones, aunque sí es ambiciosa en lo relativo al personal que trabaja en este terreno y en lo cuantitativo, al fijar por ley el 0,7% del PIB destinado a la cooperación al desarrollo en 2030.

Más allá de tácticas menores, es deseable que esta nueva ley se apruebe con un apoyo amplio, que incluya a la oposición, garantizando la estabilidad de una política esencial para ejercer las responsabilidades españolas en el mundo. Los principios y valores que sostienen la cooperación no deberían ser propiedad ni tampoco ajenos a ningún partido, y sí reflejo a su vez del apoyo sostenido que recibe la cooperación entre la opinión pública. Según el Eurobarómetro, el 74% de la ciudadanía española considera que la lucha contra la pobreza en los países en desarrollo debe ser una de las principales prioridades del Gobierno, la cifra más elevada de todos los Estados miembros de la UE. El 88% indica que la UE debería incrementar su cooperación con África y el 86 % que la ayuda es eficaz para combatir las desigualdades.

Hace unos meses Unicef cumplió 75 años y rindió cuentas de los resultados de estas décadas de acción: reducción a la mitad de la mortalidad infantil, incremento del % de niñas que van a la escuela, reducción de los matrimonios infantiles y despliegue de las vacunas esenciales, entre otros. Se trata de un ejemplo de logros, conseguidos junto con cientos de organizaciones y administraciones públicas. Y es que el mundo sería peor sin la cooperación al desarrollo, sobre todo para su población más vulnerable.

Las sociedades también seríamos peores, más ásperas, menos humanas y éticas, si no dotáramos y apostáramos por la mejor cooperación al desarrollo. A este objetivo debe servir la ley que puede ser mejorada, y confiemos que apoyada, en su proceso parlamentario.

Fuentes: Artículo de opnión de Chema Vera, para El Confidencial