Análisis de la Realidad de Nicaragua

Actualidade
12 Agosto 2021

Nicaragua va a elecciones en noviembre de este año. Pero las irregularidades que se aprecian han venido llamando la atención del mundo. ¿Qué pasa en Nicaragua?

Para responder a esta y otras inquietudes, la Red de Centros Sociales de la Conferencia de Provinciales de América Latina (CPAL) de la Compañía de Jesús organizó un webinar, el pasado 5 de agosto, en el que invitó a participar a Juan Carlos Arce, Abogado nicaragüense y destacado activista de los Derechos Humanos en ese país, para conversar sobre la coyuntura política nicaragüense. Arce, es actualmente miembro del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” que funciona desde Costa Rica.

Nota: Este artículo está elaborado por el historiador Reinaldo Rojas, a raíz de esta conferencia de Juan Carlo Arce. Se han colocado algunos cambios (mínimos) con el objetivo de adaptarlo a nuestros/as seguidores/as y facilitar su comprensión y distribución.

Los sistemas políticos en América Latina viven hoy grandes momentos de tensión, en un contexto económico de crisis agravado por el impacto de la pandemia del COVID 19. En el terreno político, ya no se trata de ampliar los derechos electorales lo que moviliza a la ciudadanía, sino el valor del voto y su efectividad como instrumento para elegir a los gobernantes y a los representantes a los cuerpos legislativos.

Para ello se requiere una democracia inclusiva, no excluyente y autocrática, y se requieren instituciones electorales autónomas, conformadas de manera plural y con procedimientos transparentes, abiertos al control ciudadano. Las elecciones no solo aportan legalidad sino fundamentalmente legitimidad a un gobierno surgido del voto popular. Cuando no se cumplen estos principios y aparecen los fantasmas del fraude, la crisis política entra en escena.

Nicaragua después de las manifestaciones populares de abril 2018

La actual coyuntura por la que atraviesa Nicaragua tiene sus antecedentes en las protestas civiles de abril de 2018 en contra del gobierno de Daniel Ortega y su repuesta  violenta contra la población. En aquel momento, el gobierno de la pareja Ortega-Murillo decidió poner en ejecución la recomendación del Comandante sandinista Tomás Borges de que ante cualquier situación que se presentara, había que defender la Revolución “a cualquier precio”.  Y esa fue la orden que dio la vicepresidenta Rosario Murillo a los cuerpos de seguridad nicaragüense y a los seguidores del gobierno: “vamos con todo”, dejando un saldo de 320 muertes, más de 300 detenidos y más de 103 mil nicaragüenses que tomaron el camino de la migración forzada. 

En los años que han seguido a los acontecimientos de 2018, Nicaragua ha venido perdiendo los espacios democráticos, con leyes que criminalizan la protesta social, la libertad de opinión  y la disidencia política. Las leyes contra el odio, la privación de libertad por noventa días, la ley contra delitos cibernéticos, han venido cerrando las salidas democráticas a la situación política actual.

En Nicaragua, las instituciones del Estado están secuestradas por la familia Ortega-Murillo, más que por el gobierno sandinista. Muchos de los militantes de base, dirigentes medios y líderes históricos del FSLN como Dora María Téllez y funcionarios de alto rango como el Vice-canciller Víctor Hugo Tinoco, han sido perseguidos, detenidos y exiliados del país.

Este desmontaje del estado nicaragüense se aprecia en el control que tiene el gobierno de Ortega en instituciones como el Ejército, la Junta Electoral Nacional, la Asamblea Nacional, la Fiscalía y el Poder Judicial, lo que le ha permitido actuar en contra de la oposición, dictar leyes que atentan contra los Derechos Humanos y desarrollar una política de violencia sistemática contra la población contando con los cuerpos policiales, el ejército y grupos paramilitares, tal como sucedió en abril de 2018.

Elecciones presidenciales sin candidatos de la oposición

La opinión pública mundial aprecia con sorpresa cómo el gobierno de Ortega, a través del Poder Judicial y las instancias electorales que controla, ha sacado del juego a los  candidatos de la oposición a las elecciones de noviembre. Son 7 candidatos que han sido detenidos por los cuerpos de seguridad, muchos de ellos incomunicados y con violación a sus derechos al debido proceso, a los cuales se les acusa de ser enemigos de la patria y hasta de lavado de dólares, como es el caso de Cristiana Chamorro, una de las más fuertes rivales de Ortega en la competencia presidencial, con una tradición familiar indiscutible en pro de la democracia en Nicaragua, hija de Violeta Chamorro, expresidenta de la República.

Además de estas detenciones, el gobierno ha cerrado 25 organizaciones de la sociedad civil que luchan por los Derechos Humanos, organizaciones de médicos y periodistas. La única voz es la del gobierno, a través de Rosario Murillo quien dicta las pautas de lo que debe informarse en el país, como en el caso del manejo informativo acerca del COVID-19, sometido al control oficial del gobierno con la tesis de que la pandemia no ha sido grave para Nicaragua. Cualquier denuncia o iniciativa no gubernamental es penalizada por las autoridades.

Este control de los medios de información se inició con el gobierno de Ortega, comprando – gracias a los fondos en dólares provenientes de Venezuela – canales de radio, prensa y televisión, que hoy están en manos de sus hijos. Y los que han logrado sobrevivir, se autocensuran por la presión policial o fiscal, o van a su cierre definitivo, como es el caso de “100 % noticias”, “Confidencial” y el Canal 2 de la televisión.

Este progresivo cierre de los espacios democráticos, la detención de los candidatos presidenciales y la ilegalización de partidos y movimientos políticos, pone en jaque las elecciones de noviembre. Toda la comunidad internacional ha expresado su preocupación y desacuerdo con el camino tomado por Ortega y su gobierno. Incluso los gobiernos de México y Argentina, anteriormente aliados de Ortega, han llamado a sus Embajadores para consulta, demostrando su desacuerdo con lo que está sucediendo.

Líderes de la izquierda latinoamericana, como Lula da Silva y Pepe Mujica, han expresado su preocupación y hasta su condena al proceso autocrático que se vive en Nicaragua, ya que con ello se está sepultando el legado de la Revolución Nicaragüense contra la dictadura de Somoza en los años 80 del siglo pasado, proceso que tanta admiración y solidaridad logró capitalizar no solo en América Latina sino en el mundo. La base social del FSLN, que ya empezó a perderse en los años 90, está hoy en franco deterioro cuando las movilización de abril de 2018 fueron dirigidas y acompañadas por las bases populares del mismo sandinismo.

Situación internacional

Si bien es cierto que el aislamiento en que se encuentra el gobierno de Ortega es una realidad, las preguntas que se hicieron permitieron precisar en relación al escenario internacional lo siguiente. En primer lugar, el importante rol que  está jugando la comunidad internacional en este momento. Antes de abril de 2018 era más simbólica, pero desde aquel año hasta el presente, tanto la ONU y la OEA, con sus misiones de observación y monitoreo, así como la Comunidad Europea y Latinoamericana,  han estado presentes muy activamente ante esta situación, con presiones diplomáticas y, en el caso de los Estados Unidos y la CE, utilizando el mecanismo de las sanciones a funcionarios incursos en delitos por violación de los derechos humanos y crímenes cometidos por las fuerzas de seguridad en los sucesos de abril de 2018.

Solamente Rusia y China mantienen su apoyo a Nicaragua, especialmente Rusia que vende armamento y la mantiene como base de operaciones para su política de influencia en Centroamericana. El proyecto chino de abrir una canal interoceánico por Nicaragua se paralizó, por lo que su presencia es menor. El resto de países de la región se han mantenido distantes, a excepción de Costa Rica que se ha transformado, desde el 2018, en destino migratorio y refugio para los exiliados por razones políticas.

El escenario electoral de noviembre

En estas condiciones, el panorama electoral de noviembre se aprecia muy complicado. Para el Secretario General de la OEA, estas serían las “peores elecciones posibles” para Nicaragua, cuyo desconocimiento internacional ya ha sido anunciado, si no se logra la participación libre y segura de todas las fuerzas de oposición en esas elecciones presidenciales.   

En consecuencia, para un pueblo cansado y cercado por la violencia institucional, sin opciones de cambio democrático y sufriendo una severa crisis económica, agravada por  la pandemia, los recursos que el gobierno piensa inyectar en su campaña electoral no serán suficientes para evitar una posible explosión social, acompañada de una implosión  en el propio movimiento sandinista, hoy dividido y perseguido.

El gobierno de Ortega está convencido de que en condiciones normales, perdería las elecciones de noviembre. Por eso, prefiere tomar un camino dictatorial para seguir al frente de un gobierno que ha demostrado, inclusive, ante sus propios compañeros de partido, como el Vicecanciller Víctor Hugo Tinoco, enfermo de cáncer y aislado en una cárcel sin contacto con sus familiares, que se trata de un gobierno desprovisto de toda humanidad.

A la pregunta de si es posible, aún, llegar a acuerdos entre el gobierno y la oposición, el ponente señala que el problema es que no hay diálogo. En el gobierno persiste el principio de que la revolución no puede perder el poder, mientras la tesis de la “salida suave” o del “aterrizaje suave” por vía electoral  tampoco ha tenido éxito, porque ha sido cuestionada por las propias víctimas de la violencia gubernamental. De todas maneras, la negociación siempre estará presente como la mejor alternativa para alcanzar una salida pacífica a la crisis actual. 

Mientras tanto, la lucha la llevan adelante en el interior del país, las madres de los detenidos y desaparecidos, quienes se movilizan junto a los defensores de los Derechos Humanos, los médicos que atienden a la población contra la pandemia y los periodistas que desde el exilio siguen en su labor de denuncia contra la represión gubernamental, aportando información para que el caso de Nicaragua no se olvide y puedan hacerse realidad las demandas que se levantaron en las manifestaciones populares de abril de 2018 y que siguen en pie: Democracia, libertad, justicia y “patria libre para vivir”.

Fuentes: Jesuitas.lat, CPAL

Referencias sobre Reinaldo Rojas y Juan Carlos Arce:

Reinaldo Rojas, Doctor en Historia. Profesor Titular jubilado de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Venezuela), colaborador
del Centro Gumilla. Encargado de la revisión de los videos de las conferencias virtuales: “Análisis de la realidad de América Latina y el Caribe”, y redactor de sus versiones escritas. Este artículo, redactado por Reinaldo Rojas, se elaboró a raíz de la conferencia de Juan Carlos Arce.

Juan Carlos Arce, es abogado nicaragüense y activista de los Derechos Humanos en ese país. Es miembro del Colectivo de Derechos Humanos “Nicaragua Nunca Más” que funciona desde Costa Rica, para la Memoria Histórica de Nicaragua.