Jóvenes que dan vida a la España vaciada

Gaurkotasuna
08 Otsaila 2022

Mientras muchos menores migrantes viven en la calle después de alcanzar la mayoría de edad, el municipio de La Puebla de Almoradiel pone en marcha un proyecto y da vivienda a varios de estos jóvenes.

La Puebla de Almoradiel: el hogar de Yasin, Abdulrazak, Diarasuba y Omar

Juan Manuel coloca una placa de metal en la pared para evitar que se filtre el humo de la estufa, en la casa donde viven cuatro migrantes que llegaron a España siendo menores de edad. La casa está en La Puebla de Almoradiel, municipio manchego a 140 km de Madrid, y fue donada por una pareja del pueblo. Ahora la casa, de dos plantas y cuatro habitaciones, es el hogar de Yasin, Abdulrazak, Diarasuba y Omar (nombre ficticio). El vecino decide ayudar de forma voluntaria, como muchos otros. Los cuatro jóvenes llegaron al pueblo gracias a Emilia Lozano, presidenta de la asociación Somos Acogida, que trabaja para sacar a los chicos lejos de las calles. Todos ellos llegaron a España de diferentes formas en el año 2019 y enfrentaron muchas dificultades siendo niños en los centros de menores que los recibieron.

El hogar se llama Casa de la Solidaridad y la Autonomía y fue una idea desarrollada por Lozano y su marido, Luis Casillas, en agosto de 2020, después de que ella conociera a los chicos menores en las calles, y comprobase que no tenían ningún sitio al que ir tras cumplir la mayoría de edad.

Los menores extranjeros que llegan solos a España sufren muchos problemas.

Además de los que han dejado en sus países de origen y el tortuoso viaje, las dificultades continúan en los centros de acogida. Estos cuatro chicos han estado en un total de ocho centros, repartidos por todo el territorio español. Coinciden en que las oportunidades educativas y de ocio que les ofrecían allí eran nulas. Yasin relata que en una ocasión, en un centro ubicado en Andalucía, “les pedí que me llevaran al médico, que estaba al lado”, por el dolor de una pierna, pero se le negó la asistencia sanitaria.

Después, se enfrentan con su salida de los centros de acogida al convertirse en adultos legalmente, pero sin el respaldo jurídico que deberían tener. Todo es debido a los eternos tiempos burocráticos, que provocan que su situación no se resuelva durante un período prolongado. Muchos acaban vagando por las calles y viven con el riesgo de deportación a su país, como sucedió con 800 menores marroquíes que España empezó a deportar el pasado septiembre. También sufren falta de atención médica.

La vida en el pueblo  

Los chicos, que rozan la veintena, son conocidos por casi todos los vecinos del pueblo. “Aquí estamos muy bien, el otro día me perdí por la calle, y un vecino me dijo: ah, ¿tú estás en casa de Emilia? Por aquí a la derecha”, afirma Yasin. Todos coinciden en que no han sufrido racismo ni faltas de respeto por venir de otros países. Sobre si prefieren vivir en el pueblo o en Madrid, hay diferentes opiniones: algunos que estuvieron en la capital concretan que es algo más inhóspita y sus ritmos más rápidos, otros la prefieren porque hay más ofertas de trabajo. En común tienen que no es una cuestión de poder elegir, sino de seguir adelante.

Cuando llegan al pueblo, el primer paso es empadronarles para que puedan buscar un empleo o comenzar a estudiar. Según las últimas cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE), el municipio toledano registra los datos de población más bajos desde el año 2008, con un total de 5.073 vecinos empadronados en el año 2020, y cada año pierde una media de 105 personas. Así que es un paso más que necesario. 

Abdulrazak quiere tener su propio negocio. Yasin querría dedicarse a algo relacionado con la electricidad. Omar, con el carnet de conducir recién sacado, quiere ser conductor. Sin embargo, todos coinciden en trabajar “en lo que salga”. Omar, con más de tres años y medio en España, dispone de un permiso de residencia de arraigo social que le permite trabajar y debe renovar de forma periódica, pero los demás no tienen esa opción.

La reciente modificación del Reglamento de Extranjería refleja, entre otros, cambios para que los jóvenes ex-tutelados de edades comprendidas entre los 18 y los 23 años que no tengan documentación, puedan optar a una autorización de residencia y trabajo. Para ello, es necesario que acrediten “que han participado en acciones formativas y actividades programadas”, que validen su integración social. Los cambios han sido aplaudidos por numerosos actores del sector social, y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones determinó que podrán acogerse a esta medida unas 15.000 personas. 

Sin embargo, “esta modificación que se hace es para evitar que muchísimos menores se queden en situación administrativa irregular, y van a quedar en situación absoluta de exclusión”, señala Loueila Mint El Mamy, abogada, que apunta que el cambio de los aspectos legales debe estar acompañado por iniciativas reales. “La prioridad va a ser encontrar un espacio donde puedan hacer su vida: donde puedan dormir, comer o seguir estudiando”, asegura. 

La letrada, con una amplia experiencia en el trabajo con niños migrantes en Canarias, puntualiza que, aunque el Reglamento pueda ayudar a muchos jóvenes extutelados, la atención a los menores también es primordial y actualmente no cuenta con recursos suficientes. Además, los amplios plazos para que se les reconozca la minoría de edad son una zancadilla más en su situación legal.“Por suerte, los que están en programas de extutelados van a poder regularizar su situación a través de esta reforma, pero muchos van a quedar en la calle”, concreta, sobre todo respecto a la situación de Canarias. 

De momento, mientras se tramita el eterno papeleo para regularizar su situación, Yasin y Diarasuba reciben formación en una empresa de energía fotovoltaica en un pueblo aledaño.

¿Qué ofrece el pueblo a los jóvenes migrantes?

La particularidad de la oferta laboral de La Puebla de Almoradiel, un municipio fundamentalmente vinícola, puede explicar el abandono del territorio por parte de la población joven, obligada a continuar los estudios superiores en otras ciudades, como Albacete o Madrid.

“Ahora mismo es un trabajo muy temporal porque son campañas. Lo más esencial son la poda y la vendimia”, confirma Alberto Tostado, alcalde desde hace cuatro años. Fátima Almendros, vecina y responsable de la casa, afirma que en 2021 la vendimia ha generado tan solo 22 días de trabajo. Tostado añade que lo bueno de la llegada de los chicos al pueblo es que falta mano de obra en el campo. También, porque “es una realidad que tenemos despoblación y la población [que hay] cada vez está más envejecida”. 

Preguntado sobre las medidas para que los jóvenes migrantes se queden a vivir en el pueblo, añade que “los ayuntamientos pueden hacer bien poco”, y que la seguridad para que se queden, debe ofrecerla el “gobierno central autonómico”. Cuenta que desde el Ayuntamiento incentivan la lectura o abren el comedor escolar, pero que “la Junta de Comunidades es la que tiene las competencias en transporte, sanidad y educación”, tres áreas fundamentales pero desatendidas. “Aquí lo que tenemos es mucha tierra y mucho campo y hay que explotarlo”, concreta. Por eso, defiende el ámbito de las manufacturas, como “la tomatilla seca, productos delicatessen, o el tema del azafrán, pero nunca hemos encontrado gente que quiera invertir o que quiera realizar este tipo de manufacturas”, que bien podrían ofrecer a la población un trabajo continuado en el tiempo y no solo un par de meses al año.

Los jóvenes migrantes pueden dormir caliente gracias a la estufa que ya tienen montada. Con las fiestas navideñas a la vuelta de la esquina, a mediados del mes de diciembre, decenas de vecinos acuden al calor de una celebración paralela: los chicos que llegaron al pueblo hace poco más de un año, han organizado un concierto de agradecimiento. Y están todos invitados.

Fuentes: Baynana, O. Mohamad, S. Ortega