La crisis en Nicaragua durante la primera semana de agosto
El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo impuso régimen de casa por cárcel y ordenó una investigación en contra de Monseñor Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa y administrador apostólico de la diócesis de Estelí, por supuestamente cometer actos para desestabilizar a Nicaragua y atacar a las autoridades. La policía acusa a las autoridades religiosas de Matagalpa, encabezada por Monseñor Álvarez, de dirigir grupos violentos e incitarlos a desarrollar actos de odio, creando un ambiente de zozobra. La policía mantiene un cerco policial en la casa episcopal, donde además del padre Álvarez se encuentran seis sacerdotes y seis laicos desde el pasado jueves 4 de agosto, cuando salió a pedir que acabara el asedio contra la iglesia y en su contra.
Daniel Ortega ordenó el cierre de 14 medios de comunicación a través del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (TELCOR), representado por su directora Nahima Díaz, hija del director general de la Policía, Francisco Díaz y consuegro de la pareja presidencial. De los medios cancelados, 10 radios pertenecen a la diócesis de Matagalpa y una es emisora independiente, Radio Voz, también de Matagalpa. Además, sacó del aire varios canales de televisión que son pagados con suscripción por cable.
La policía asaltó con violencia la capilla “Niño Jesús de Praga” de la parroquia Divina Misericordia en el municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, y mantuvo al P. Uriel Vallejos durante casi tres días encerrado en un salón de la casa cural junto a otras seis personas, sin acceso a alimento. En el lugar también funcionaba Radio Católica, una de las siete emisoras que fueron cerradas por TELCOR, en un ataque para adueñarse del medio de comunicación y sus equipos.
En su discurso de celebración del aniversario de la Fuerza Aérea, Daniel Ortega admitió que rechazó un encuentro con un delegado del Departamento de Estado de Estados Unidos que estuvo en Nicaragua por un acercamiento solicitado por su hijo Laureano Ortega. Según dijo, prefiere guardar distancia de un país que lo señala de violar los derechos humanos de las personas nicaragüenses.
Juan Pablo Vegas, relator para Nicaragua del Subcomité contra Tortura en Naciones Unidas, lamentó que el régimen Ortega-Murillo haya limitado la visita de familiares a las personas presas políticas, y el bloqueo a la visita de la Cruz Roja para constatar el estado de salud de los detenidos. Recordó que la “no tortura” es una obligación nacional asumida por el Estado de Nicaragua al ratificar la convención contra la tortura y sus protocolos facultativos. También lamentó que los métodos de tortura hayan recrudecido, así como que la violación a los derechos humanos de los nicaragüenses esté cada día peor.
Fuentes: Web Jesuitas.lat, Jesuitas CAM
