160 niños en Melilla empiezan el curso tras años de lucha para ser escolarizados

Ospatu
14 Iraila 2021

"El lunes no dejamos de enviarnos mensajes y de llamarnos dándonos la enhorabuena porque todo el esfuerzo había merecido la pena", relata José Palazón, presidente de la asociación Pro Derechos de la Infancia (Prodein). Este activista ha estado al pie del cañón durante la última década para que la Administración cumpliera con un derecho básico como es la educación de los menores.

El motivo de la discriminación

La Dirección Provincial de Educación en esta ciudad autónoma finalmente ha admitido la matrícula en centros educativos públicos a centenares de menores a los que, durante tres años, les había negado su derecho a ir al colegio alegando falta de documentación que demostrara su "residencia" en Melilla

Todos estos niños y niñas comparten un perfil determinado. Nacidos en Melilla, pertenecen a familias vulnerables que, en su mayoría, sobreviven de la economía sumergida con empleos precarios sin contrato ni alta en la Seguridad Social debido a la situación irregular de sus padres. Algunos de los progenitores también son melillenses, de ascendencia marroquí, que nunca consiguieron regularizar su documentación.

 "Para matricular a mi hijo en un centro educativo público en Melilla, el niño y la familia deben estar empadronados en la ciudad, pero para empadronarse deben disponer de permiso de residencia y para contar con este permiso de residencia deben tener previamente el padrón. Es la pescadilla que se muerde la cola", suspira Asisa, cuyo hijo, Marwan, finalmente ha sido aceptado y sólo ha perdido un año.

El año pasado el Ministerio de Educación añadió una segunda disposición con el fin de dotar a los afectados de una alternativa para la escolarización al margen del padrón y la residencia: "Se podrá acreditar a través de un certificado expedido por servicios sociales o aquel otro documento acordado por órganos competentes en admisión de alumnos", rezaba la directriz. Sin embargo, a pesar de que muchas madres presentaron documentos acreditativos de su “residencia”, estos nunca se reconocieron como prueba de arraigo en la ciudad.

Desde la delegación del Ministerio de Educación en Melilla han explicado que no se trataba de una medida discriminatoria. Los casos rechazados previamente no cumplían con las disposiciones y requerimientos de documentación determinados por el Ministerio. Con la nueva disposición, mencionada previamente, sí se ha podido admitir la documentación aportada por muchas familias como conforme con la normativa y así estos niños y niñas han podido ser aceptados en la escuela.

La lucha sigue

A pesar de esta buena noticia para los/as más pequeños, desde Prodein denuncian que el problema se mantiene para una buena parte de los adolescentes. Ellos/as no pudieron ser escolarizados y durante estos años han ido cumpliendo la mayoría de edad y ahora no pueden inscribirse en la Educación Obligatoria ni acceder a otro tipo de estudios, ya que no disponen del certificado de escolarización. 

Las familias afectadas cuentan con el apoyo de numerosas organizaciones que han alzado la voz este último año en contra de esta discriminación. El director de la Plataforma de Infancia, insistía en que el derecho a la Educación "es un derecho fundamental, recogido en el artículo 27 de la Constitución Española y en la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas" y que "este derecho implica la obligación del Estado español de escolarizar a todo niño o niña que resida en territorio español garantizando una plaza escolar, sin que pueda ser cuestionado en ninguna circunstancia o limitado por problemas administrativos o documentales de sus familias".

La Asociación de Abogados Extranjeristas es otra de las entidades que ha estado luchando por estos menores desde el principio, hacían hincapié en que reclamar el padrón y la residencia para la escolarización es ilegal porque "el artículo 9 de la Ley de Extranjería garantiza la escolarización de los menores al margen de la situación administrativa".

También el Defensor del Pueblo ha emitido en los últimos tres años numerosos informes instando al Ministerio a escolarizar a estos menores. Y a todo esto hay que sumar  las resoluciones emitidas por el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Fuentes: eldiario.es, V. Martín