Cinco buenas razones para aprobar un regularización extraordinaria de personas migrantes sin papeles

Actualidad
16 Marzo 2022

Más de medio millar de organizaciones sociales, empresariales, eclesiales, sindicales, académicas y políticas de nuestro país se han unido alrededor de la campaña esenciales.

Esta campaña promueve una iniciativa legislativa popular (ILP) que fuerce al Congreso de los Diputados a debatir la pertinencia y los contenidos de una regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular. 500.000 firmas para sacar de la sombra a 500.000 seres humanos.

De acuerdo con una encuesta reciente, una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles sería apoyada por más del 70% de los ciudadanos y ciudadanas españoles, distribuidos en un espectro amplio del abanico de ideologías, edades y lugar de residencia. Sus razones son tan diversas como la propia sociedad, y van desde los argumentos legales —la migración es un derecho fundamental del ser humano—, a los éticos —la regularización  disminuiría la pobreza y explotación de centenares de miles de personas— y de interés propio —la irregularidad es una innecesaria carga fiscal para el conjunto de la sociedad—.
Cada uno de estos argumentos cuenta y todos ellos han sido validados durante los dos últimos años, en los que una pandemia devastadora ha demostrado la vulnerabilidad extrema de los inmigrantes en situación administrativa irregular, pero también su papel insustituible en sectores de la economía como la agricultura y los cuidados. El desajuste obsceno entre derechos y responsabilidades dio lugar a un movimiento social para pedir una regularización extraordinaria similar a la que tuvo lugar hace casi dos décadas y a las que se aprobaron en Portugal e Italia durante la pandemia. Lamentablemente, la respuesta del Gobierno fue muy limitada.

Es hora de retomar esta conversación. Por esa razón, más de medio millar de organizaciones sociales, empresariales, eclesiales, sindicales, académicas y políticas de nuestro país nos hemos unido alrededor de la campaña esenciales. Esta campaña promueve una iniciativa legislativa popular (ILP) que fuerce al Congreso de los Diputados a debatir la pertinencia y los contenidos de una regularización de inmigrantes en situación administrativa irregular. 500.000 firmas para sacar de la sombra a 500.000 seres humanos.

Los argumentos de este informe son una contribución a esta iniciativa, de cuyo grupo promotor forma parte la Fundación porCausa. En ellos es posible encontrar una batería de razones éticas y prácticas que permiten pensar que la regularización es una idea razonable, pertinente y urgente:

Primera razón: Un desafío demasiado grande para ser ignorado

Entre 475.000 y 514.000 migrantes residían sin papeles en España a finales de 2020. Esto significa que en torno al 14% de los migrantes  extracomunitarios que viven en nuestro país están en situación administrativa irregular. Las cifras absolutas han crecido un 16% en el último año, a pesar del frenazo de llegadas de los primeros meses de la pandemia. La composición de este colectivo muestra una mayoría amplia de latinoamericanos (solo el 11% de los migrantes irregulares son africanos), con preeminencia de mujeres, jóvenes y con niños. Cerca de 12.000 ciudadanos de Ucrania se encuentran en la irregularidad, uno de cada diez empadronados y el doble que en 2014.
Los datos de empleo más recientes sugieren que la mayor parte de las personas adultas en situación administrativa irregular están trabajando. Dos sectores concentran más de la mitad de la informalidad: las actividades del hogar (27% del empleo informal) y la hostelería (24%). Les siguen el sector manufacturero y los servicios sanitarios y sociales.
Las personas en situación irregular viven mayoritariamente en poblaciones urbanas y en comunidades autónomas con mayor densidad de población. La experiencia sugiere que una regularización les permitiría moverse con mucha más libertad por todo el territorio nacional.

Segunda razón: Es lo decente.
La irregularidad constituye un poderoso factor de vulnerabilidad y un determinante de los derechos más básicos de las personas. Impide el adecuado acceso a la justicia para las víctimas, limita el derecho a la salud y la educación, multiplica las posibilidades de vivir en la pobreza y deja al trabajador desprotegido frente a la explotación.
Una de cada tres personas extranjeras está en riesgo de exclusión social severa, una proporción tres veces más alta que la de los nacionales. La tasa de riesgo de pobreza en los hogares de migrantes con menores a cargo es del 60%; para los hogares españoles, esta tasa es del 20%.
La irregularidad se ceba con las mujeres y los niños. Seis de cada diez migrantes sin papeles en nuestro país son mujeres. Estas trabajadoras están sobrerrepresentadas en algunos sectores donde la explotación laboral y el acoso sexual está a la orden del día. Para cerca de 125.000 niños y niñas que viven en España, la irregularidad es una trituradora de derechos fundamentales como la educación, la salud, la vivienda digna y la protección de la justicia. La irregularidad dispara la exposición a patologías psicológicas y psiquiátricas como la depresión, la ansiedad, la psicosis, el estrés postraumático e incluso el suicidio.
Tercera razón: Nos beneficia al conjunto de la sociedad.
Los trabajadores y trabajadoras en la irregularidad pagan impuestos indirectos a través de su consumo. Sin embargo, el empleo en la economía sumergida les impide realizar aportaciones fiscales directas a través del impuesto sobre la renta y las contribuciones sociales. Nuestra estimación sugiere que una regularización incrementaría la aportación fiscal neta media de cada inmigrante regularizado en más de 3.500 euros por año. Los programas de regularización tienen el efecto económico añadido de impulsar el consumo agregado y, por extensión, el conjunto de la actividad  económica y la creación de empleo.
Algunos empresarios deshonestos aprovechan la irregularidad para establecer una competencia obscena entre trabajadores de la que no sale ganando nadie más que ellos. La regularización ayudaría a poner freno a estos desmanes y esta es una razón adicional para que los trabajadores españoles y sus representantes apoyen un proceso de este tipo.
Las pensiones del conjunto de la sociedad dependen, en parte, de que lleguen más migrantes. Europa y España envejecen a pasos acelerados, lo que supone un riesgo para la sostenibilidad del sistema de pensiones y el crecimiento de la productividad. La inmigración con derechos puede contribuir a paliar ambos problemas.

Cuarta razón: Fortalece la seguridad sanitaria.
La población inmigrante sin papeles se encuentra entre los potenciales grupos de alto riesgo por las vulnerabilidades sanitarias previas, incluyendo la prevalencia de enfermedades como la tuberculosis o el VIH. Vivir en la irregularidad también es un factor de alto riesgo epidemiológico en un contexto como el de la Covid-19, debido al miedo a ser identificados y deportados, o la arbitrariedad de algunas administraciones sanitarias. Esto se ha trasladado a las campañas de inmunización, donde los gobiernos prefieren mantener un lenguaje vago cuando se trata de la vacunación de personas indocumentadas.
Una buena política de salud pública se ve lastrada por una mala política migratoria. La regularización de los trabajadores sin papeles y sus familias es una vía eficaz de reducir el impacto sanitario y socioeconómico de las enfermedades, empezando por la Covid-19.

Quinta razón: Se ha hecho antes.
Las regularizaciones forman parte de la caja de herramientas políticas de un país. Son de todos los colores ideológicos y se realizan en todas partes,
aunque suelen ser excepcionales y limitadas en el tiempo y los beneficiarios. Solo en la UE, entre 1996 y 2008 se llevaron a cabo 43 programas de regularización en 17 Estados miembros. España es, junto a Italia, el país que más programas de regularización ha realizado en Europa. Pero el Gobierno perdió la oportunidad en 2020 de realizar una regularización que protegiese a uno de los grupos sociales más vulnerables y reconociese de paso su contribución durante la crisis.
En lo que se refiere a la UE, los programas de regularización son de competencia estatal y parece improbable que veamos un marco legislativo común a corto plazo. La Comisión puede mostrarse más o menos partidaria de una medida de este tipo, pero en ningún caso puede impedirla, como se ha sugerido recientemente en el debate español. Casi todos los países se enfrentan, antes o después, a la necesidad de resolver el desafío de la inmigración irregular. Y muchos de ellos incluyen en su respuesta la posibilidad de una regularización total o parcial. Esto ha ocurrido en Europa, Estados Unidos, América Latina, África y Asia, con medidas de distinto alcance. Algunas de estas regularizaciones son recientes, como los casos de Portugal, Italia, Colombia o Marruecos.
La perpetuación de bolsas amplias de inmigración irregular constituye, a todos los efectos prácticos, una forma moderna de segregación que debilita las raíces morales de la sociedad y ofende los fundamentos de un Estado de derecho. Esta excepcionalidad democrática nunca debería ser normalizada. La pregunta más difícil de responder no es por qué regularizar, sino cómo no hacerlo. Las alternativas se reducen a perpetuar la distorsión ética y práctica de un volumen creciente de inmigración sin papeles; o embarcarse en deportaciones masivas y brutales que pondrían contra las cuerdas la humanidad de las instituciones. Una regularización no supone el fracaso de una democracia, sino de una política. Y la capacidad de reconocer ese fracaso y utilizar herramientas democráticas para corregirlo no hace sino fortalecer la convivencia y la eficacia de las políticas públicas.

  • El informe completo lo puedes descargar aquí.

Fuentes: Informe "Cinco buenas razones para aprobar una regularización extraordinaria de migrantes sin papeles", porCausaOrg