El fracaso de la salud mental penitenciaria, España podría resucitar los manicomios

Actualidad
28 Junio 2021
  • A pesar de que los manicomios se abolieron hace 35 años, Interior proyecta construir un macrocentro psiquiátrico de 70.000 m², una prisión para 500 internos con trastornos mentales graves.
  • 200 ONG y entidades piden paralizarlo porque va en contra de los derechos humanos

"A la mañana siguiente, Iba a trabajar con el corazón en un puño por si mis pacientes se habían suicidado. En la cárcel donde estuve éramos cinco médicos para 2.000 presos. No había psiquiatras, éramos nosotros mismos los que teníamos que encargarnos de medicar y tratar a personas con trastornos mentales graves. ¿Cómo se maneja esta situación?". María es una médica que trabajó en la cárcel de Picassent, en Valencia. Comprobó de primera mano el abandono de la psiquiatría penitenciaria, famélica de sanitarios y con una comprensión muy pobre de la salud mental. El sistema ha ido degradándose y retrocediendo, hasta el punto de que hace 35 años que se abolieron los manicomios en España, pero a pesar de ello el Ministerio del Interior va a edificar en Siete Aguas (Valencia) un macropsiquiátrico penitenciario que albergará a 500 internos.

Esta decisión ha puesto en pie de guerra a más de 200 ONG y entidades especializadas en la salud mental y prisiones que se han unido por primera vez en España, formando la plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones, para exigir que se paralicen las obras. La propia vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, ha rechazado este macrocentro por un enfoque más comunitario y próximo.

70.000 m2 de psiquiátrico

Distribución de los edificios que compondrán el centro penitenciario. Algunas estructuras se construyeron para que fromaran parte de una cárcel fallida, otras están por aún edificarse.

 

En la Península, existen solo dos pequeñas cárceles psiquiátricas: una en Sevilla y otra en Fontcalent (Valencia). Estos dos centros tienen una capacidad de 50 internos, pero forman parte de un sistema imperfecto, porque están abarrotados y no tienen apenas personal sanitario. Hace casi una década, Instituciones Penitenciarias ya alertaba de que estos lugares se estaban convirtiendo en los sustitutos de los antiguos manicomios, prohibidos en la reforma psiquiátrica iniciada en los ochenta.

Precisamente, señalaban que esta reforma fue parcial y que no supo dar solución a un gran número de enfermos mentales. "Pasaron de las instituciones psiquiátricas a las instituciones penitenciarias".

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias apuntó tres problemas que han ido agravándose con el paso del tiempo: la sobreocupación de estos centros, una estructura orgánica inapropiada, más penitenciaria que sanitaria, y gran dificultad para encontrar personal técnico sanitario.

200 entidades contra el Ministerio de Interior

El aumento de las personas que cometen delitos y que sufren trastornos mentales ha desbordado estas dos únicas cárceles psiquiátricas que existen en el país y por eso Interior va a reutilizar la infraestructura de la cárcel fallida de Siete Aguas, cuyas obras siguen paradas desde 2012.

Las 200 ONG y entidades denuncian que este centro va en contra de la Estrategia de Salud Mental Estatal, la cual defiende que las cárceles no pueden ni deben ser un espacio para personas con trastornos mentales graves. Este modelo de centro va en contra de lo que marca la normativa internacional, que busca evitar el desarraigo de los internos, además de apostar por una atención más personalizada.

A pocos metros del esqueleto de hormigón, en pleno junio por la tarde, Javier Vilalta, director de la ONG Àmbit, y cabeza visible de las 200 ONG y entidades, observa con tristeza lo que para él es un fallo "bien gordo". Se sube a un montículo desde donde otea los límites de la macroparcela, no entiende cómo puede estar pasando esto en España. Dice que este tipo de centros vulnera de forma clara lo que marcan la ONU, la OMS y el Consejo de Europa.

Vilalta destaca que en todo 2020 no hubo ni un solo psiquiatra en el centro psiquiátrico penitenciario de Alicante, y que en 2019 solo hubo un psiquiatra para casi 300 personas internas. Esta situación también se repite en el otro centro que hay en Sevilla: en 2018, el Mecanismo Nacional para la Prevención de la Tortura hizo una visita sorpresa y señaló que aunque "la atención sanitaria que reciben los internos es buena", la plantilla de auxiliares, celadores, psiquiatras y psicólogos no era suficiente. Esto se traducía en una sobrecarga de trabajo para el personal sanitario.

Esto mismo que denuncia, Vilalta, lo corroboró el año pasado el defensor del pueblo, Francisco Fernández Marugán, denunciando que estos recursos "carecen de un personal suficientemente especializado y que sus infraestructuras son muy anticuadas".

Un proyecto fallido de 98 millones

Antes que el macropsiquiátrico, en Siete Aguas se intentó levantar una macrocárcel. Este proyecto nace durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y se concibió originalmente para aliviar la situación de la prisión de Picassent. Iba a tener una capacidad de 1.194 internos repartidos en más de un millar de celdas distribuidas en 10 módulos residenciales. Su presupuesto fue de 89 millones de euros, de los cuales solo se ejecutaron 14,5 millones, que descansan en forma de hormigón armado.

El proyecto se adjudicó en 2010, pero en 2012 se paralizó. Y no fue hasta 2019 cuando la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (Siepse) explicó en su informe anual que la cárcel se iba a reutilizar para crear algo "que se asemeje a un pueblo en donde los habitantes, las personas enfermas, vivirán en comunidades pequeñas, con unidades residenciales específicas y personalizadas adaptadas a la enfermedad que acojan".

Este año, la Siepse ha sacado a concurso público, por 733.000 euros, la asistencia técnica de la redacción del proyecto básico del centro. En el pliego, afirman que reutilizarán algunas partes de la estructura de la antigua cárcel y que la división modular del centro se dividirá en perfiles según residente: agudos, agresivos, descompensados, estabilizados o rehabilitados. Vilalta critica que esta diferenciación del interno es propia del siglo XIX.

Población reclusa con medidas de seguridad

Las medidas de seguridad son los medios de control penal que se aplican sobre las personas que sufren determinadas patologías, que modifican su responsabilidad, pasando a ser personas inimputables o semi-inimputables. En total, existen 574 personas con medidas de seguridad dictadas en sentencia. De todos estos, 396 son internos que se distribuyen entre las dos cárceles psiquiátricas: 156 están en la de Sevilla y 240, en la de Alicante. Así lo indican los datos de 2019 del anuario estadístico publicado por el Ministerio del Interior.

Un enchufe roto, salvavidas

"Lo peor de todo fue la cárcel de Picassent. Estaba en prisión preventiva y no había salido el juicio. Me hice a la idea de que me iba a quedar ahí el resto de mi vida. El sitio es tan horroroso que no podías ni suicidarte. Una vez intenté meter los dedos en un enchufe y no funcionó. Luego me juzgaron, me condenaron a 13 años y eso me dio cierta esperanza. Sobre todo porque me derivaron al psiquiátrico de Fontcalent y ahí mejoré un poco, aunque la situación seguía siendo mala", narra José Luis Leal, usuario de un piso tutelado de Àmbit. Padece esquizofrenia, y fue condenado a 13 años con medidas de seguridad. Estuvo año y medio en el módulo de enfermería de Picassent y seis años en el psiquiátrico Fontcalent, y ahora va a cumplir casi cuatro años en un piso tutelado.

Con el cielo nublado en plena mañana, Leal charla tranquilamente sentado desde un banco en la azotea de su residencia. A su lado está Cristina Sanchis, coordinadora terapéutica de Àmbit que le acompaña desde hace años. Piensa que si no fuera por la asociación, y gente como Cristina, él seguiría en la cárcel. "De joven, siempre tuve mucha dependencia de mis padres, no estaba diagnosticado, no supe adaptarme, era una situación rara, muy kafkiana". "Sin este apoyo, yo hubiera salido de la cárcel tras cumplir la condena con cincuenta y pico años, sin saber siquiera cocinar ni nada, ¿adónde iría? Estaría en la calle seguramente".

Leal se pregunta cómo van a poder reinsertarse las personas que internen en el macropsiquiátrico. "Está en medio del monte, no hay vida social alrededor, está a 40 minutos de Valencia. A mí cuando me daban permisos, podía ir a hacer actividades, iba a estudiar inglés, pintar, iba a una asociación de artistas. Eso me ayudó a pillar ritmo, porque todo estaba a mano. Ahí no hay ni parada de autobús".

 "La enfermedad mental no se quiere ver como un problema de salud, piensan que la persona es así y si ha hecho algo es porque está loca. Prefieren tener más control sobre los enfermos en vez de ayudarles, porque es más barato y fácil". Actualmente, Leal es artista, estudió en la academia de Luis Massoni y José María Fayos, y ha participado en varias exposiciones en Valencia.

La clave de todo esto es evitar la reincidencia, y precisamente Àmbit es de las pocas entidades que trabajan con presos con trastornos mentales graves y que consiguen cerrar el ciclo, evitando la reincidencia. De todos los casos que han tratado, ninguno ha vuelto a la cárcel. Este hecho lo corrobora un informe de la propia cárcel de Picassent.

Los beneficios de este tipo de mediación están reconocidos por el propio Ministerio del Interior, ya que en 2014 elaboró un protocolo de actuación de mediación social para enfermos mentales presos, y en él ya se señalaba que esta vía era necesaria para evitar la reincidencia. Por ello, existe el Programa Puente, a través del cual asociaciones como Àmbit pueden tener contacto con los presos enfemos mentales para derivarlos a su red de centros, viviendas tuteladas y satélites, teniendo así una intervención más cercana y progresiva con el interno.

Lo ideal es que iniciativas como el Programa Puente estén más institucionalizadas, de tal forma que desde los internos hasta los propios jueces sepan que existen estas alternativas, el problema es que no es así, ya que tampoco hay tantos recursos extrapenitenciarios de este tipo. La historia de Faustino ejemplifica muy bien este problema, ya que él ha podido cumplir su condena en una residencia tutelada gracias a que se enteró de la existencia de Àmbit por un artículo de una revista de 'Muy Interesante', que se encontró en la cárcel.

Faustino tiene 52 años, padece esquizofrenía, estuvo año y pico en prisión y ahora cumple medidas de seguridad en un albergue de Àmbit. En este alberge le encontramos preparando la lista de la compra, ya que le toca cocinar. "Hoy toca sepia con champiñones" (Finalmente acabará comprando pota porque sale a mejor precio que la sepia).

Le acompañamos desde su "casa" hasta el supermercado, por el camino cuenta que su vida no fue fácil, con 20 años asesinaron a su hermano y tres años después descubrió que tenía esquizofrenía. Entró en la cárcel antes de cumplir los 50 años y ahora que es "libre" siente que no es el mismo. Confiesa que va a todos los lados en bicicleta porque desde que salió de prisión tiene fobia a los espacios cerrados y es incapaz de coger hasta un autobús.

"En la cárcel viví con miedo a que me diera un brote de esquizofrenia. Vi con mis propios ojos cómo entre cuatro funcionarios reducían a golpes a mi compañero, que estaba sufriendo un brote. Él era profesor y también tenía un trastorno esquizofrénico, pidió que le cambiaran la medicación porque no le hacía efecto la que tenía. Nadie le hizo caso, entonces su brote se descontroló y vinieron las hostias".

Mariano Hernández Monsalve, coordinador de la Asociación Española de Neuropsiquiatría, explica que la solución no es este macrocentro, "en Europa la apuesta es claramente por la atención comunitaria, vinculando al enfermo con su vida cotidiana. La experiencia Italiana es opuesta, cerrar todos los hospitales y crear pequeñas unidades residenciales, donde se produce un acompañamiento".

 El psiquiatra piensa que se deberían trasladar a las CCAA pequeñas unidades de atención psiquiatricas a modo de comunidad terapéutica. "Podrían ser de carácter penal penitenciario, pero en otras ocasiones la red civil sanitaria también podría asumir estos casos., para que se aproveche al máximo la red de salud sanitaria nacional".

 "La recuperación es crear red, y un sitio así es de alto riesgo. Las personas salen de ahí sin estar en condiciones de hacer vida normal. La gente no debería estar encerrada en hospitales psiquiátricos, esto es uno de los daños de la psiquiatría. Al encierro hay que sumar la distancia y la falta de lazos con el exterior", sentencia Hernández.

Fuentes: ElConfidencial, A. Mata