Ladrillo en vez de política social: el psiquiátrico penitenciario

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27 April 2021

"Si no sabes bien cómo afrontar un problema social o socio-sanitario, construye un macro-centro lo más vistoso que puedas. Luego llámalo hospital Zendal o Súper Psiquiátrico Penitenciario de Siete Aguas."

El anuncio de construcción de un gran centro psiquiátrico penitenciario en la población de Siete Aguas (Valencia), con una capacidad prevista para 500 plazas, forma parte de ese síndrome nacional consistente en desarrollar obras en vez de políticas públicas. Pensado en principio como centro penitenciario convencional, se anuncia su conversión en macrocentro psiquiátrico, con resonancias del viejo institucionalismo que creíamos superado entre las corrientes psiquiátricas actuales.

Máxima perplejidad y hasta indignación entre las asociaciones de profesionales, de familiares y usuarios de salud mental. Por no hablar de las ONGs y asociaciones del ámbito penitenciario y ciudadano, comprometidas con los Derechos Humanos de las personas con sufrimiento psíquico y encarceladas, que se han expresado a través de la firma de un manifiesto (disponible aquí).

El proyecto, a juicio de profesionales y usuarios, va justo en la dirección contraria de lo que todos los sectores involucrados en la salud mental proponen y de lo que vienen confirmando desde hace decenios estudios y evidencias. Ignora, dicen, las recomendaciones y estudios de los organismos internacionales (ONU, OMS, Comité Europeo para la prevención de la tortura o Consejo de Europa). Se salta a la torera orientaciones de la Estrategia de Salud Mental prevista en el Sistema Nacional de Salud, la propia Dirección General de Instituciones Penitenciarias y la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria. Todos ellos han señalado que el enfoque penitenciario no es el más adecuado para el manejo de situaciones de criminalidad con trastorno mental. Y, sobre todo, han advertido de que se están vulnerando de los Derechos Humanos (DDHH) en la población afectada por sufrimiento psíquico y este ya no es un asunto que interese solo a profesionales.

Todo es cuestión de enfoque o, como diría un teórico de la comunicación, de cómo construyes el “marco lingüístico”. En vez de interrogarse acerca del deterioro social y la desigualdad, acentuadas por decenios de neoliberalismo, que coadyuvan al delito y se ceban en las personas con antecedentes de trastorno mental. En vez de preguntarnos porqué los delitos de las personas con problemas mentales apuntan siempre a la búsqueda de abrigo y alimento (Warner, 2018) y sacar de ello la debida consecuencia. En vez de observar que estas personas visitan antes la prisión que los servicios de salud mental comunitarios (un 67% de ellos nunca fue atendido antes de ingresar) y recordar lo que sabemos sobre internamientos penitenciarios tempranos y cómo juegan en favor de la reincidencia. En vez de considerar la complejidad socio-sanitaria del asunto y desmentir la asociación mecánica entre enfermedad mental y delito, como señala la propia Fundación Abogacía, quien insiste en que “las razones que le llevan [al enfermo mental] a delinquir no difieren significativamente de las que conducen al crimen a los sujetos sanos o imputables”. En vez de considerar el fondo del asunto, hagamos un macro centro.

Las deficiencias de las políticas preventivas y las carencias de la atención primaria convierten a la prisión en la “única alternativa realmente disponible” (Ministerio del Interior). Consecuentemente, la tasa de personas con trastornos mentales en instituciones penitenciarias no ha dejado de crecer y este hecho presenta dos caras a cuál más deprimente: es sabido que esta clase de internos, que a menudo empeora con el tiempo, acceden cada vez menos a los beneficios y derechos penitenciarios del resto de la población reclusa. Los organismos de vigilancia de los derechos humanos vienen alertando de la sistemática violación de los derechos de este colectivo. Y, cuando finalmente, salen de la institución, estas personas deben cargar con el doble estigma de enfermo y ex preso.

Es necesario un nuevo enfoque que deje de apostar por medidas punitivas, de aislamiento y marginación. Es preciso superar la obsesión por el “ladrillo”, que refleja ese macro proyecto de Centro Psiquiátrico Penitenciario, y avanzar de verdad en el cumplimiento de las normas y recomendaciones nacionales e internacionales, basadas en las evidencias científicas y en el respeto a los DDHH de las personas con problemas de salud mental.

Se precisan menos edificios y más recursos humanos que garanticen la atención comunitaria para la prevención de patología mental y la continuidad de cuidados necesaria para la reducción de la reincidencia de delitos. Se precisa una búsqueda activa del enfermo en su entorno, que facilite el seguimiento y adherencia terapéutica con el equipo sanitario, sociosanitario y los recursos comunitarios. Del mismo modo se ha de desarrollar la coordinación de todos los recursos asistenciales, con los penitenciarios y judiciales, cuando sea necesario por estar sometidos a medidas de seguridad. Y no podemos olvidar la acción coordinada del conjunto de administraciones públicas, para desarrollar campañas de sensibilización que contrarresten la doble estigmatización que sufren los enfermos mentales que están sometidos a un proceso judicial.

  • Si estás de acuerdo con el enfoque del párrafo anterior puedes ayudar, con tu firma, a la Plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones, formada por más de 200 ONGs del ámbito penitenciario y de la salud mental de España, que exige la cancelación inmediata del Proyecto Siete Aguas por razones humanitarias

La grandilocuencia de las fórmulas es directamente proporcional al vacío de las soluciones que aportan. Como nuestro sistema de salud no funciona correctamente en lo que se refiere a la salud mental, el debate público deriva hacia enfoques centrados en la seguridad, en vez de lo sanitario. Y cuando la seguridad es lo primero, la salud nunca es lo segundo, sino que queda bastante más allá. Antes quedan el gueto, la exclusión y el estigma. Por esa vía se acaba imponiendo el “marco lingüístico” de la derecha más conservadora, que en realidad es un marco mental y nos instala en el populismo punitivo y en el atajo de las infraestructuras en lugar de las políticas sociales. Ningún gobierno progresista puede asumir sin daño ese marco mental. Al contrario, tiene que superarlo en nombre de la ciencia y los derechos.

Fuentes: Infolibre, A. Sánchez y P. Reig, imágen: el levante-emv