Un planeta saludable, un nuevo derecho humano

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10 August 2020

El relator de la Organización de las Naciones Unidas, David R. Boyd, señaló hace unos días la necesidad de incluir el "derecho a un planeta sano" en un nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

Así, cada hectárea devorada por las motosierras supondría una amenaza contra los derechos humanos. Igualmente los vertidos químicos que terminan en el cauce de los ríos; las partículas de polvo que infectan atmósfera y pulmones; los bloques de hielo que se desprenden hacia el estado líquido o las especies que se adentran en la extinción.

Estas declaraciones han sido acogidas con entusiasmo por algunas organizaciones sociales que, desde hace décadas, llevan advirtiendo de la evidente relación que existe entre la degradación de los entornos naturales y la vulneración de los derechos humanos. 

  • Si el derecho humano a un planeta sano es reconocido por todas las naciones, podría ser el derecho humano más importante del siglo

Organizaciones como Front Line Defenders aportan datos relevantes que apoyan esta teoría: el 40% de los 304 activistas que fueron asesinados en 2019 eran defensores de la tierra. Pero las muertes asociadas a la degradación del planeta no son sólo las de aquellos que, desde la lucha social, se enfrentan a proyectos extractivistas. Además, miles de defunciones prematuras tienen que ver con enfermedades que derivan del maltrato que las sociedades dan a sus entornos. Cáncer, cardiopatías, accidentes cerebrovasculares o diarreas son algunas de las causas de muerte que se relacionan con la mala calidad del aire, o el mal estado de las aguas. Según la propia Organización Mundial para la Salud (OMS), el 28% de los óbitos globales tienen que ver con cuestiones ambientales.

  • El derecho a un medio ambiente saludable dará una mayor cobertura a aquellos ciudadanos o colectivos que tengan que ir a los tribunales

El medio ambiente muchas veces se ve cómo algo vinculado a políticas sectoriales y de menor peso frente a la industria o la economía. Sin embargo, se trata de algo transversal y un asunto relacionado con la gobernanza global. Varias ONGs, entre ellas SEO/Bird Life, han iniciado recogidas de firmas para pedir que se incluya el derecho a un planeta sano en un nuevo artículo de las Declaración Universal de Derechos Humanos. Además, creen que hay que aprovechar este momento de crisis mundial.

Para ellos/as, el hecho de que se incluya este nuevo derecho, obligará a miles de países a incluirlo en sus leyes y dará una mayor cobertura a aquellos ciudadanos o colectivos que tengan que ir a los tribunales.

También ayudaría a agilizar los procedimientos judiciales relacionados con el medio ambiente. En España, el derecho al medio ambiente sano no está recogido exactamente como un derecho fundamental, sino como un principio rector de la política económica y social, lo que hace que no se pueda alegar la vulneración de este derecho de manera directa, sino que se tienen que utilizar otras vías, ej: basarse en la vulneración del derecho a la integridad física, y esto retrasa mucho los procedimientos.

Este posible nuevo artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos podría servir para dar un mayor amparo legal a las comunidades y sociedades que necesiten denunciar la degradación de sus entornos. Sin embargo, del mismo modo que en muchos lugares se ignoran derechos fundamentales, como la libertad de expresión y de prensa, se podrá seguir pasando por alto la protección de los ecosistemas. Es por ello que la mayoría de los expertos coinciden en que es necesario fortalecer los mecanismos para que se cumplan todos los convenios ambientales.

  • Existen herramientas jurídicas y tribunales internacionales, pero hace falta ampliar su capacidad de acción

Según muchos expertos, la Carta Universal abarca toda una serie de cuestiones y derechos, culturales, económicos, sociales o religiosos, sin embargo no se profundiza en cómo se ponen en práctica después. Es decir, no se trataría de crear nuevas instituciones, sino de ampliar la  capacidad de acción de las actuales, potenciando los mecanismos de seguimiento y vigilancia sobre los que descansa el multilateralismo de las Naciones Unidas.

Un buen ejemplo de esta falta de “recursos para vigilar” es el principio de "quien contamina, paga" que rige en Europa desde 1986 y que apenas ha tenido repercusiones.

La llegada de este nuevo derecho fundamental supondrá, al menos un elemento más al que la ciudadanía se pueda acoger para denunciar ataques contra ecosistemas y contra la propia vida, además de dar respuesta a multitud de conflictos ambientales que superan las capacidades de los juzgados nacionales. Y es que, los grandes retos ambientales exceden las fronteras nacionales. El cambio climático o la pérdida de biodiversidad no son problemas que se puedan resolver en solitario o de manera local. Para conservar el medio ambiente, se necesita que exista un respaldo global.

Fuentes: Publico.es , A. Tena