El disparate de vincular subdesarrollo con protección medioambiental

Actualitat
15 Juliol 2021

¿Regular o Prohibir? ¿Existe una oposición entre lo social y lo ambiental? ¿Es el ambientalismo en nuestro país el responsable de la pobreza y la desigualdad? ¿Deberíamos reducirnos a tratar de resolver la problemática socioambiental del Riachuelo y callar todo el resto?

Son numerosos los falsos dilemas que enrarecen la discusión sobre el carácter de las demandas ecológicas y ambientales que existen en América Latína al servicio de la recusación de leyes que prohiben actividades de tipo económico, como pueden ser: la prohibición de la salmonicultura a gran escala en Tierra del Fuego o la prohibición del fracking, etc.

Prohibición y regulación

En primer lugar, resulta falso oponer prohibición y regulación. Es cierto que no toda regulación culmina en una prohibición, pero cuando se trata de problemáticas ambientales, regular implica, algunas veces, prohibir -parcial o totalmente- el uso de determinada técnica o sustancia. Se pueden prohibir técnicas, por ejemplo el fracking o el uso de determinadas sustancias en una actividad o determinadas actividades en lugares específicos.

Las regulaciones/prohibiciones ambientales deben ser aplicadas e interpretadas al compás de los avances y modificaciones en el conocimiento científico.

A partir de la década 1970, en todo el mundo, se han ido prohibiendo sustancias altamente tóxicas para la salud humana. En toda Europa, está prohibida la soja transgénica, en México está prohibida la siembra de maíz transgénico, etc.

Más recientemente también se han prohibido técnicas asociadas a las energías extremas, altamente destructivas y contaminantes, como el fracking o la fractura hidráulica en varios países de Europa y en varios estados de Estados Unidos.

En el Sur global, Uruguay prohibió la técnica del fracking en 2020 y anunció oficialmente el abandono de la exploración petrolera offshore en sus aguas. Costa Rica, en 2019, declaró la moratoria en la explotación de todos los hidrocarburos en territorio continental y marino hasta el año 2050. Varios estados de Brasil tienen moratorias de la técnica del fracking. En Nueva Zelanda, que también tiene prohibido el fracking,  desde 2018 se canceló toda nueva exploración de petróleo en alta mar y se estableció una prohibición progresiva del glifosato hacia 2024. 

En el sur global dichas prohibiciones/regulaciones apuntan a proteger territorios, poblaciones y economías regionales frente a la expansión incontrolada de modelos de maldesarrollo, de corte extractivista y a gran escala, como la minería a cielo abierto, el agronegocio y la utilización de agrotóxicos, la destrucción de humedales y bosques nativos, la expansión de energías extremas, la expansión de la frontera pesquera, la contaminación industrial. Estos modelos crean "zonas de sacrificio".

Ecología, cuidado del medioambiente y desarrollo económico

En nuestro Argentina no hay una "tensión" real entre medioambiente y desarrollo. Es decir, no es que Argentina no logra el desarrollo económico porque tiene limitaciones ambientales. Se trata de un país "liberalizado" desde este punto de vista económico-medioambiental. El agronegocio, el fracking o la megaminería, son todas actividades que se llevan a cabo casi sin límites ni controles. Un ejemplo es el monocultivo de la soja que ocupa 24 millones de hectáreas y que supuso la pérdida de 8 millones de hectáreas de bosque nativo. Además, y gracias al paquete tecnológico asociado a esta soja, la Argentina es el país de mayor consumo de agrotóxicos per cápita en el mundo. Los impactos sociosanitarios del glifosato están cada vez más a la vista, como vienen denunciándolo desde hace más de 15 años las vecinas de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados.

Otro ejemplo es la minería a gran escala, que se lleva a cabo en numerosas provincias, como en San Juan, donde la mina Veladero fue responsable de graves desastres ambientales, que contaminaron con solución cianurada cinco ríos, en 2015, 2016 y 2017. También sucede que la normativa que rige esta actividad es de los años 90, y asegura grandes beneficios y nulos controles a las corporaciones transnacionales.

Justicia ambiental y justicia social van de la mano

En segundo lugar, durante las últimas décadas, en casi todas las regiones del Cono sur, loa distintos gobiernos buscaron oponer lo social y lo ecológico (medioambiental). Así, los progresismos justificaron el neoextractivismo y la depredación ambiental en nombre del desarrollo y la reducción de la pobreza. Eso generó una situación paradójica, a partir de la instalación de una agenda selectiva de derechos, que negaba y/o desestimaba las demandas socioambientales, y gran parte de los reclamos indígenas por tierra y territorio. 

En la actualidad, América Latina continúa siendo la región más desigual del planeta, incluso en términos de concentración y acaparamiento de tierras, algo que redefinió la cuestión de la disputa por la tierra, a través de la expulsión de poblaciones y la criminalización, incluso del asesinatos de campesinos e indígenas. No por casualidad, es también la región donde se asesinan más activistas de derechos humanos y ambientales. A nivel global, 2017, con 207 asesinatos, casi cuatro personas por semana, fue el año con más muertes registradas de personas defensoras de la tierra y el ambiente, el 60% de ellos, en la región latinoamericana. La mayor parte de estos crímenes están ligados a la expansión de los monocultivos (la agroindustria), la tala y la gran minería.

Todavía hoy se sigue oponiendo lo social a lo ambiental, como si hubiera una contradicción entre ambos, desestimando que quienes más sufren los daños ambientales en nuestras latitudes son los sectores más vulnerables, porque habitan en zonas expuestas a fuentes muy contaminantes, y carecen de los medios económicos y humanos para afrontar las consecuencias y resistir los embates del neoextractivismo, y sobrellevar los impactos del cambio climático (inundaciones, sequías, tormentas).  No es casual tampoco que los mapas de la pobreza o exclusión social coincidan en todo el mundo con los de la degradación y sufrimiento ambiental, como denunció desde un comienzo el movimiento por la justicia ambiental y climática. 

Así, pretender vincular el "subdesarrollo" de América Latína con políticas de protección ambiental es un disparate. Es exactamente al revés: son los modelos de maldesarrollo, que se imponen verticalmente sobre las poblaciones, los que mantienen a más de la mitad de los niños bajo el nivel de pobreza. O para decirlo de otro modo: si con fracking, agronegocios y minería a cielo abierto tenemos más del 40% de la población bajo la línea de pobreza, una gran concentración de riqueza, y una expansión de conflictos ambientales, no parece razonable que, haciendo más de lo mismo, en nombre de la reactivación de la economía o de la búsqueda desesperada de dólares (que por otro lado no llegan nunca), vayamos a tener resultados distintos.

Tampoco es posible aceptar la tesis de aquellos que proponen desde el atril, desconociendo los procesos sociales y territoriales específicos, que “hay que regular, no prohibir" como si estuvieran en la senda "del medio", entre dos posiciones antagónicas. Eso es igualmente falso.

En consecuencia, habría que colocar el foco en las causas de esta negación persistente. Resulta increíble y hasta suicida que en plena crisis climática y en situación de colapso ecológico, atravesando una pandemia de indudable raíz zoonótica, muchos continúen minimizando o subestimando la centralidad de las problemáticas socioambientales.

En esta línea, preocupa enormemente el nivel de desconocimiento de la situación ambiental no solo en el campo político y mediático sino también en las ciencias sociales.

Transición ecosocial

Por otro lado, la rápida expansión de un arco de organizaciones socioambientales, su potencial dinámica como movimiento de movimientos, al estilo de los feminismos, es uno de los mejores datos de este período. De la mano de un potente protagonismo juvenil, cada vez más vinculado a las asambleas territoriales de todas las provincias, el Ambientalismo Popular se va instalando como un adversario menos fácil de marginalizar que antaño. 

El ambientalismo se convierte así no solo en un actor molesto, cada vez más filoso e insoslayable, que exige no solo espacio mediático y participación en las decisiones colectivas, sino también cambios importantes orientados a la protección de los bienes comunes y más aún, a una agenda de transición ecosocial. Por supuesto, existen diversos grupos y estrategias pero al calor de estas luchas sociales, de estas batallas culturales, la sociedad va reconociendo la importancia de la crisis socioecológica y la validez de otros lenguajes de valoración del territorio, de otros modos de construcción del vínculo con la naturaleza.

Nadie es ingenuo. No se está diciendo que la transición sea simple o lineal, mucho menos en un contexto de potenciación de las desigualdades, de destrucción de los ecosistemas y de expansión de las extremas derechas. No hay una transición, sino varias. Una justa y popular, planificada y con la gente adentro; y otra, de carácter corporativa y de mercado, con mucho dolor social y ecológico. Así, la transición en sí misma es hoy un concepto en disputa. 

Fuentes: eldiarioar.com, otros