Otra crisis migratoria sin un plan para [email protected] menores

Actualitat
23 Novembre 2020

Canarias acoge una cifra récord de niños y jóvenes extranjeros no acompañados, reclama la solidaridad de la Península y fondos estatales y europeos.

El muelle grancanario de Arguineguín, que empieza a liberarse después de meses hacinando a cientos de personas, se ha convertido en el símbolo de esta crisis, pero la emergencia se mantiene en la atención de los menores de edad que migran solos y cuya tutela compete a la comunidad autónoma.  

Canarias acoge en estos momentos a 2.006 niños y jóvenes, cerca de 400 más de los tutelados en 2006, el periodo álgido de la crisis de los cayucos, según los datos del Ejecutivo autonómico. Y una vez más, como ocurrió hace 14 años y también en 2018, España sigue sin un plan de atención adecuada y distribución solidaria de estos niños entre comunidades autónomas.

El Gobierno canario y los cabildos exigen con “urgencia” fondos estatales y europeos para sufragar los costes y también, como ya se hizo tras la crisis de 2006, han pedido que se deriven a otras comunidades, al menos, 500 menores, al menos. Sólo los presidentes autonómicos de Extremadura, Castilla y León y País Vasco se han ofrecido a acoger a una parte de estos niños y no dejan de ser mecanismos bilaterales, aún poco definidos, entre territorios con buena voluntad.

El 60% de los menores no acompañados que han arribado a las costas canarias son marroquíes, la nacionalidad mayoritaria también de los adultos. Les siguen en menor proporción los niños procedentes de Senegal y de Malí. Esta es una de las principales diferencias respecto a 2006, cuando casi la mitad de los niños eran senegaleses.

  • Un borrador en un cajón

La crisis de los cayucos de 2006 fue la primera muestra de las deficiencias de un modelo que hacinaba a niños en centros o descuidaba las obligaciones que conlleva su tutela. Pero hay otro ejemplo muy reciente. La llegada en 2018 de más de 7.000 menores extranjeros volvió a poner a prueba el modelo español de atención a los niños y jóvenes migrantes. Comunidades como Andalucía o las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, principales puertas de entrada, se mostraron desbordadas para tutelar adecuadamente a los niños. Pero cuando pidieron ayuda, se encontraron con la resistencia de la mayoría de territorios a distribuir solidariamente a los recién llegados. Presionado, el Gobierno acabó aprobando un crédito extraordinario de 40 millones de euros para compensar a las autonomías con más llegadas, pero dejó claro que el dinero no era la solución. Hacía falta un plan.

Este plan, que suponía dar la vuelta al modelo, comenzó a diseñarse en el Observatorio de la Infancia, un grupo de trabajo del Ministerio de Sanidad, con las comunidades, ministerios con competencias migratorias, la Fiscalía y las ONG que atienden a menores extranjeros. El último borrador, de octubre de 2019, insistía en la solidaridad territorial y proponía la creación de centros de financiación estatal en los principales puntos de llegada para, desde allí, derivarlos a otras comunidades en función de su población, ingresos fiscales o su índice de desempleo. Incluía también cambios legislativos, la promoción del acogimiento familiar y mejoras en el procedimiento de la determinación de la edad, pero aquel ambicioso borrador sigue siendo un puñado de papeles en un cajón.

En esta nueva crisis, las soluciones han vuelto a improvisarse. A las dificultades del Gobierno regional para la acogida, se suman deficiencias en la identificación de los menores al desembarcar. Las ONG han identificado varios migrantes que aseguraron haber declarado ser menores de 18 años, pero a los que, tras ser reseñados como mayores, se les ha abierto un expediente de devolución y/o se les ha alojado con el resto de adultos en los CIE.

Bajo máxima presión y sin la coordinación estatal prometida, el Ejecutivo canario ha pedido ayuda al Gobierno Central.

  • Prevalece el interés superior del menor

España mantiene acuerdos de retorno de menores con Rabat y Dakar desde 2003 y 2008, pero desde sus inicios han sido recurrentes las denuncias de irregularidades en los procedimientos. Según datos de la Fiscalía General del Estado, el órgano que vela por las garantías del proceso, de 2004 a 2017, se repatriaron alrededor de 300 menores, entre ellos unos 158 marroquíes. Más de dos tercios de esas devoluciones se ejecutaron precisamente entre 2004 y 2006. Si el país de origen del menor no puede garantizar el interés superior del menor o asegurar una reagrupación familiar con garantías, la ley española lo protege y las comunidades autónomas deben velar por su tutela y educación, como la de cualquier otro niño en desamparo.

 

Fuentes: Elpais, M.Martín, G.Vega, foto: Q.Curbeillo