Informe derechos humanos salud mental prisión

Actualitat
01 Juliol 2021

Las personas con enfermedades mentales que por determinadas circunstancias terminan entrando en prisión, son uno de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad.

El Informe ODSP nace con el objetivo de visibilizar la realidad en torno a estas personas, judicializadas y con problemas de salud mental en las prisiones. Denuncia la vulneración de derechos que sufren, desde el enfoque de derechos humanos, e incluye propuestas de acción y corrección en las siguientes materias: Salud Mental, Sanidad Penitenciaria, Derechos Humanos, Recuperación y  Prevención.

En su elaboración han participado, entre otras entidades:  AENPV, IDHV, ICAV, COEPV y la coordinación ha corrido a cargo de la Asociación Ambit.

Este Informe aporta información sobre una situación muy compleja: la salud mental en los centros penitenciarios, que implica a toda la sociedad en la defensa de los derechos humanos de estas personas, que no disponen, o se les ha arrebatado la capacidad de hacer valer sus derechos más básicos.

Datos y estadísticas

Este informe muestra con todos los datos esta realidad social y pone en evidencia que en las prisiones se da una clara vulneración de los derechos humanos. El derecho a la salud, a la promoción y a la plena integración, son derechos reconocidos a todos los seres humanos y no cabe discriminación alguna hacia ningún tipo de persona y/o colectivo.

Desde el año 2018 el observatorio ha realizado cuestionarios de seguimiento, valoración de la situación de las personas que forman parte de los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana, en el que han participado los CP Castellón I, Castellón II y Picassent. Este trabajo de campo permite analizar la situación y la evolución de las personas residentes en los centros penitenciarios de la Comunidad Valenciana. Con esta información se pueden extraer una serie de conclusiones, debajo, que podrían ser extrapolables al resto de centros y comunidades autónomas:

  1. Vulneración de los derechos del paciente: el 65% de la población penitenciaria recibe tratamiento psiquiátrico
  2. La pandemia por el covid19 ha generado más ingresos en prisión de personas con problemas de salud mental
  3. Faltan recursos públicos, ej.: carencia de médicos/as, no hay un historial médico informatizado en algunas presiones, etc.
  4. Inexistencia de protocolo de crisis y nula coordinación

Algunas conclusiones

Es fundamental que hayan recursos públicos para atender a las personas judicializadas y hay que actuar cuanto antes en los siguientes ámbitos:

  1. Dotación de personal sanitario (CONVENIO SANIDAD IIPP - CONSELLERIA DE SANITAT)
  2. Contratación de psiquiatras
  3. Crear recursos públicos comunitarios
  4. Transferencia de las competencias sanitarias

Para acceder al Informe completo, haz click aquí