Día de la tierra: la lentitud de la diplomacia ambiental cuesta vidas

Actualitat
22 Abril 2021

La diplomacia que tiene que ver con los derechos humanos y el medio ambiente camina tan lenta que parece mentira que la misma especie sea capaz de romper la velocidad del sonido para un vuelo comercial. Camina lenta y por el camino van quedando las vidas de miles de personas muertas, presas y perseguidas de las que casi no hay recuentos y llegan pocas noticias.

Esta reflexión viene a cuento del Acuerdo de Escazú que entra en vigor este día 22 de abril de 2021 -el Día de la Tierra- , en América Latina y el Caribe, una región que acoge a 630 millones de personas (el 8% de todos los seres humanos) y donde apenas una docena de gobiernos de los 46 existentes ha dado el visto bueno a un convenio que trata de proteger vidas, cuidar los recursos naturales y evitar expolios.

El Acuerdo de Escazú (Costa Rica) es poco conocido, se comenzó a negociar en 2014 en la Cumbre Rio+20 y se adoptó en un encuentro auspiciado por la ONU en Costa Rica en 2018. Lo firmaron entonces 24 países de esa región, cuyos representantes entendieron que había que proteger los territorios campesinos porque aumentan los grandes proyectos empresariales, a menudo con vínculos con grandes transnacionales, sin informar ni consultar a los afectados, ni más respuesta a las demandas de sus líderes que perseguirles, acosarles, encarcelarles, cuando no matarles. El texto firmado en Escazú era y es necesario porque, como recuerdan muchas ONGs hoy, Dia de la Tierra, solamente en 2020 fueron asesinadas, al menos, 331 personas defensoras de derechos en el mundo y el 69% estaban implicadas en la defensa de la tierra y los recursos naturales. De ellas, 44 fueron mujeres. 

La ratificación de este Acuerdo ha sido un proceso difícil y sólo tras campañas sociales importantes en México y Argentina se ha conseguido que sus parlamentos lo hicieran. En Colombia, Brasil, Guatemala, Honduras, Venezuela, El Salvador Costa Rica … ha sido imposible. El argumento de los políticos y autoridades en estos lugares es que informar y hacer participar a las comunidades, evitar que maten a sus representantes y proteger su medio ambiente, va contra el desarrollo económico y vulnera la soberanía nacional.

Todo parece indicar que las vidas de los 177 líderes asesinados en Colombia en 2020 y los 47 que ya hay que sumar este año 2021, según Indepaz, no cuentan; tampoco la vida de líderes como el guatemalteco Bernardo Caal, encarcelado desde hace tres largos y penosos años, ni la de los indígenas amazónicos que defienden los bosques. Sin olvidar a los 39 líderes también asesinados en Honduras desde el crimen contra Berta Cáceres hace cinco años.

En el Acuerdo de Escazú se trata de dar seguridad jurídica y social, al menos con garantías oficiales, a quienes no pueden acudir a abogados, ni a seguros, ni a ayudas públicas que compensen las pérdidas por una hidroeléctrica, minera o plantación de palma africana o de caña de azúcar que acaban por echarles de sus tierras y contaminar sus ríos. En teoría tienen sus derechos protegidos en el Convenio 169 de la OIT, pero hay comunidades campesinas que no están adscritas oficialmente a un grupo étnico y ha habido algunas a las que se les ha negado su origen.

Sorprende ver que en la lista de países que han ratificado este tratado que entra en vigor hoy (Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Uruguay, Antigua y Barbuda, Guyana, Saint Kitts y Nevis, San Vicente y las Granadinas, Bahamas, México y Argentina) no están los que tienen más conflictos ambientales. Si bien es responsabilidad de los gobiernos de esa región, la organización mantiene que también hay una responsabilidad en la Unión Europea y en España, donde vivimos casi medio año de las ‘rentas ambientales’ de lugares ajenos.

Defiende por ello que los gobiernos del norte se  involucren en la puesta en marcha de instrumentos como este Acuerdo de Escazú, exigiendo su cumplimiento en los acuerdos comerciales firmados con países no comunitarios, en este caso de Latinoamérica y el Caribe, y favoreciendo y promoviendo inversiones privadas donde si se haya ratificado. Si las presiones forman parte del juego diplomático en muchos asuntos, los más de índole económico, ¿por qué no en la defensa de los derechos humanos de quienes defienden los recursos naturales?

Fuentes: Diario Responsable, R. Tristan