Comunicado sobre el proyecto del nuevo hospital psiquiatrico penitenciario de Siete Aguas

Actualitat
13 Abril 2022

En su informe anual de la actividad de la Institución en 2021, el Defensor del Pueblo Ángel Gabilondo valoró positivamente la propuesta de la construcción de un macrohospital psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas (pueblo con poco más de 1000 habitantes situado a 53 km de la ciudad de Valencia), alegando que lo ve positivo ya que en sanidad penitenciaria hay una carencia de medios.

Cabe recalcar que la función del Defensor del Pueblo es defender con imparcialidad los derechos fundamentales y las libertades públicas de los ciudadanos mediante la supervisión de la actividad de las administraciones públicas. Pues bien, se da la situación de que en los propios hospitales psiquiátricos penitenciarios ya hay escasez de profesionales, por lo que si se abriese otro resultaría complicado cubrir las nuevas plazas. Además, la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge en su artículo 14 que ningún Estado Parte debe privar de libertad a los individuos a causa de la existencia de una discapacidad. Por otro lado, estos centros penitenciarios psiquiátricos los alejan de sus familias y comunidades, marginándolos en pueblos poco habitados, deslocalizando a las personas y atentando contra el principio de recuperación comunitaria en su entorno social de las personas con problemas de salud mental.

Por todo esto, el Defensor del Pueblo no puede defender la construcción de un centro psiquiátrico penitenciario que contraviene derechos fundamentales, alegando únicamente que su disposición arquitectónica facilitará las cosas en su interior. Además, la Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud recoge claramente que la recuperación de las personas con problemas de salud mental ha de ser en el ámbito comunitario. El ámbito centralizado está más que obsoleto.

El informe publicado en 2021 por el Observatorio de Derechos Humanos, Salud Mental y Prisión, recoge todos los derechos fundamentales que se vulneran a día de hoy respecto a la salud mental y las prisiones en la Comunidad Valenciana, haciendo un análisis de los derechos fundamentales de la propia Constitución Española, la Convención Internacional de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad y el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Entre ellos, encontramos que se vulnera la dignidad de la persona; el derecho a la salud; el derecho a recibir un trato igualitario y no discriminatorio; el derecho de decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestro tratamiento; de vivir independientes; de ser incluidos/as en la comunidad y trabajar; el derecho de prohibición de la tortura o a ser sometido a penas o tratos inhumanos o degradantes; el principio de legalidad de los delitos y las penas; el derecho a la vida privada, vida familiar y al secreto de las comunicaciones y a la intimidad y el derecho a obtener tutela judicial efectiva, entre otros.

Este informe también activó las alarmas sobre la vulnerable situación que provocaría proseguir con el viejo modelo centralizado.

Desde la Plataforma Salud Mental Fuera de las Prisiones, formada por más de 200 ONG´S se presentó, ya en Junio de 2021, un comunicado ante la Comisión de Sanidad de las Corts Valencianes solicitando la cancelación del proyecto de la construcción del macrocentro psiquiátrico penitenciario Siete Aguas por razones humanitarias.

En febrero de 2022 se aprobó en las Corts Valencianes una PNL (Proposición No de Ley), en la que se pide la paralización del proyecto de construcción del psiquiátrico penitenciario en Siete Aguas, además de la integración de la sanidad penitenciaria en el modelo de atención primaria de la sanidad pública, exigiendo la transferencia de recursos a la sanidad penitenciaria. En la resolución de aprobación de este proyecto, la comisión de Sanidad de las Corts Valencianes rechaza totalmente el proyecto de Siete Aguas.

Por todos estos motivos, seguimos sin comprender cómo el Defensor del Pueblo sigue apoyando el macrocentro psiquiátrico después de la respuesta de rechazo tanto parlamentaria como profesional. Incluso él mismo se mostró contradictorio al expresar ciertas dudas, como que «la Administración deberá analizar en profundidad las carencias y deficiencias de que adolecen los modelos psiquiátricos de los que ya disponemos para proponer mejoras que permitan la creación de un proyecto que atienda de forma integral las necesidades de las personas con enfermedad mental y que consiga una mejor asistencia integral».

Coincidimos con el manifiesto del Grupo Sampaen al indicar, textualmente, «el difícil encaje legal de este tipo de centros hospitalarios en relación con la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, que en su artículo 14 aboga por la supresión del internamiento involuntario por razones de discapacidad, también en el ámbito penal».

Por todo lo expuesto solicitamos la paralización del proyecto de construcción del macrocentro psiquiátrico hospitalario, instando en su lugar a trabajar para cumplir el mandato legal de traspasar a las CC.AA. las competencias en sanidad penitenciaria (Disp. Adic. 6ª Ley 16/2003, de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud), para realizar la cobertura de la Salud Mental Penitenciaria por parte de los sistemas de salud de las CC.AA. y en la creación de pequeñas unidades de salud mental dependientes de Sanidad, altamente especializadas, con importante dotación de personal y cercanas al ámbito social y familiar de los internos que las necesiten.

  • Si quieres apoyar esta petición por el derecho a salud mental y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, puedes dejar tu firma o adherir a tu organización, en esta misma plataforma, en este enlace

Organizaciones adheridas a este comunicado de fecha 13 de abril de 2022:

PLATAFORMA SALUD MENTAL FUERA DE LAS PRISIONES, ODSP – OBSERVATORIO DERECHOS HUMANOS  SALUD MENTAL Y PRISIÓN, COEP – COORDINADORA DE ENTIDADES DEL ENTORNO PENITENCIARIO CV, AENPV – ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NEUROPSIQUIATRÍA, APHDA ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS DE ANDALUCÍA, ASSOCIACIÓ ÀMBIT, FEDERACIÓ DE SALUT MENTAL DE LA CV, CALCSICOVA, CESIDA, PROYECTO HOMBRE, CASAL DE LA PAU

Fuentes: Plataforma por la salud mental fuera de las Prisiones